República de Colombia
Corte Constitucional
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Oficina de Comunicaciones
Boletín de prensa 12 de agosto de 2011
EL TIEMPO
'PROYECTOS ALIMENTAN DEBATE': JUAN CARLOS ESGUERRA
Entrevista con el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
¿En qué ayudan al debate de la reforma de la justicia los proyectos presentados?
Se tiene la ventaja de que son voces e ideas nuevas, producto de un trabajo de preparación. Yo creo que oír varias voces es bueno para efectos de un trabajo como el que viene por delante.
¿Consideran que la Corte Suprema también debería presentar su proyecto?
Tanto como debería, no; esperemos a ver quién quiere presentar alguno. Si la Corte Suprema lo hace, me parece magnifico, y si no, también. Quien quiera hacer oír su voz, en la medida en que sea distinta o complementaria, que lo haga, nos encanta, alimenta el debate.
¿Qué lectura hace de la resolución de la Judicatura?
Ese es un asunto del resorte de la Rama Judicial, en el cual el Gobierno no tiene que hacer pronunciamiento alguno.
¿Les parece válida en este momento?
La oportunidad resulta curiosa; pero no quiero ir más allá. El Gobierno tiene que ser muy respetuoso de la rama.
CORTE PIDE EXPLICAR 33 NUEVOS CARGOS EN LA JUDICATURA
El Consejo Superior de la Judicatura dijo que se crearon para atender la congestión.
El Consejo Superior de la Judicatura justificó este jueves la creación de 33 nuevos cargos en ese tribunal como una medida necesaria para atender la congestión de los procesos disciplinarios contra jueces, fiscales y abogados.
De esa forma, el presidente de la Judicatura, Angelino Lizcano, respondió a los cuestionamientos que hizo la Corte Constitucional.
Este tribunal, por medio de una carta del magistrado Juan Carlos Henao, dijo que "es necesario que sean conocidos los criterios que justificaron la adopción de decisiones de esa naturaleza". También le pidió al presidente de la Sala Administrativa, José Alfredo Escobar, que explique por qué se "crean cargos de funcionarios judiciales de alta jerarquía".
Según Lizcano, los funcionarios hacen parte de un plan aprobado por el Congreso y que tiene un presupuesto de 235 mil millones de pesos. "No se alcanza a utilizar ni el 2 por ciento", aseguró.
En el acuerdo, firmado el 30 de junio, aparece el nombramiento de 13 magistrados auxiliares, 13 profesionales y 7 funcionarios de apoyo. Estos cargos apenas fueron creados y aún no han sido llenados, aclaró Lizcano.
El hecho se suma al escándalo de comienzos de año por el supuesto 'carrusel' de nombramientos de magistrados auxiliares en la Judicatura.
ELTIEMPO.COM conoció que siguen en firme los polémicos nombramientos de Marina Escobar -hermana del magistrado Escobar Araújo-, que trabaja con la magistrada Julia Emma Garzón. En el despacho de Escobar, a su vez, está una sobrina de Garzón.
EL CONSEJO DE ESTADO RADICÓ PROYECTO QUE PRESERVA LA JUDICATURA
El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo (izq.), radicó ayer el proyecto. Juan Manuel Corzo, presidente del Congreso (centro) y Emilio Otero, secretario del Senado.
Esta y otras ideas están en el proyecto de reforma a la justicia que presentó al Congreso.
Con un proyecto propio, que radicó el jueves en el Senado, el Consejo de Estado entra al debate de la reforma de la Justicia, que comienza la próxima semana en el Congreso.
La iniciativa se da a conocer nueve días después de que el Gobierno presentó un proyecto de reforma, que generó una dura reacción en las cortes. Pero la de este tribunal también promete generar polémica, al proponer, entre otras cosas, que se fije un cinco por ciento del presupuesto nacional para la rama.
Según el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Mauricio Fajardo, el proyecto pretende reformar la Constitución de manera que "convenga a los más altos intereses del país y de la administración de Justicia".
El jueves, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que esta nueva propuesta enriquecerá el debate.
El proyecto plantea mantener el Consejo Superior de la Judicatura -en oposición a la reforma presentada por el Ejecutivo-, limitar la intervención de la Corte Constitucional en la revisión de tutelas contra sentencias judiciales y modificar las funciones del Consejo Nacional Electoral.
En el tema de la tutela, la iniciativa plantea que la Corte debe motivar por qué escoge un recurso para su revisión y señala que si una decisión de otra alta corte ha sido tutelada, este tribunal constitucional no tendría competencia para abordar su estudio.
Según la iniciativa, la Judicatura perdería sus funciones para resolver procesos judiciales, tutelas y otros recursos, como el hábeas corpus, y mantendría las dos salas que actualmente la componen: la Disciplinaria y la Administrativa, pero sería una Sala de Gobierno -integrada por los presidentes de las altas cortes y el Fiscal General- la que asumirá la dirección de la rama. (Vea acá un video con opiniones sobre la reforma de la Justicia).
La Sala Administrativa estaría compuesta por seis funcionarios de libre nombramiento y remoción, tres de ellos abogados y los otros tres, de áreas financieras. Su elección la harían las altas cortes.
La Sala Disciplinaria continuaría con su labor de investigar y sancionar disciplinariamente a los jueces y fiscales, y estaría integrada por siete funcionarios que serían elegidos por ocho años.
En la propuesta se introduce la doble instancia en los procesos de pérdida de investidura de los congresistas -es exclusiva del Consejo de Estado-. En adelante, los casos serían asumidos por una sección del alto tribunal y sus decisiones podrían apelarse ante la Sala Plena.
Las modificaciones también se extienden al Consejo Nacional Electoral, que pasaría a llamarse Comisión Nacional de Inspección y Vigilancia Electoral. Sus magistrados serían elegidos por un periodo de seis años y reelegidos por una sola vez.
También propone aplicar mecanismos alternativos de justicia a cargo de organismos de control, como las superintendencias, para dirimir "conflictos originados en derechos de consumidores".
Las diferencias entre los dos proyectos de reforma
Propuesta del Consejo de Estado
1. Presidentes de cortes y Fiscal General integrarán una sala de gobierno en el Consejo Superior de la Judicatura.
2. Consejo de Estado resolverá pérdida de investidura de congresistas. Apelación será en Sala Plena.
3. Corte Constitucional debe motivar revisión de tutelas contra sentencias, pero estas se deben interponer después de acudir a los recursos ordinarios.
4. El 5 por ciento del presupuesto nacional será destinado para la Rama Judicial.
5. Crea la Comisión de Control y Vigilancia Electoral en reemplazo de la CNE. Elimina la revisión de escrutinios.
Iniciativa del Gobierno
1. Desaparece el Consejo Superior de la Judicatura y nace el Consejo Superior Judicial.
2. Crea la doble instancia para el juzgamiento de congresistas en la Corte Suprema. Fiscalía investiga.
3. Mantiene tutela contra sentencias. Corte Constitucional podrá revisarlas.
4. Cortes pierden la facultad de proponer ternas a Procurador y Contralor. Esa función será del Presidente, y el Congreso elegirá.
5. Notarios, abogados y conciliadores tendrán facultades de jueces por cinco años. Será para descongestionar la justicia.
Comisión de Acusación quiere dictar detenciones
La Comisión de Acusación de la Cámara presentará, el próximo jueves, un proyecto de autorreforma que establece la facultad para dictar medidas de aseguramiento, mientras avanzan sus investigaciones.
La Comisión investiga a los altos funcionarios del Estado con fuero, como el Presidente, el Fiscal General y los magistrados de las altas cortes, pero no tiene facultad para dictar detenciones contra ellos.
La iniciativa también amplía la lista de investigados al Vicepresidente, al Procurador, al Defensor, al Contralor y a los magistrados del Consejo Nacional Electoral.
"Un Presidente de la República es uno de los aforados y ante un ilícito debería, creemos nosotros, tener en un momento dado el tratamiento igual al que tenemos los congresistas", explicó Germán Blanco, presidente de la Comisión.
La Comisión propone, además, ocuparse solo de la investigación y que la plenaria de la Cámara haga el juzgamiento en primera instancia y el Senado se encargue de la segunda instancia.
CORTES Y JUDICATURA CHOCAN POR NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS AUXILIARES
Corte considera extraño el acuerdo para adoptar medidas de descongestión en la justicia.
A través de una polémica resolución, la Judicatura nombró en total a 40 personas, dentro de las que hay 13 magistrados auxiliares, para atender la congestión en la Sala Disciplinaria del alto tribunal y cumplir las funciones que asignó la Ley Anticorrupción.
El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Angelino Lizcano, aseguró a ELTIEMPO.COM que los recursos para los 40 nombramientos hacen parte de un paquete de 235 mil millones de pesos para descongestión en la Rama Judicial. "No alcanzan a hacer parte ni del 2 por ciento de esa partida", explicó.
El magistrado Juan Carlos Henao, en nombre de la Corte Constitucional, envió una carta a José Alfredo Escobar Araújo, presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en la que asegura que "la Corte consideró extraño" el acuerdo mediante el cual "se adoptan medidas de descongestión para la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se crea una serie de cargos de funcionarios judiciales de alta jerarquía".
"Es necesario que sean conocidos los criterios que justificaron la adopción de decisiones de tal naturaleza", dice el oficio.
EDITORIAL: RETOS DE UN MINISTERIO RESUCITADO
El ministro Esguerra arranca una gestión clave para el segundo año del presidente Santos.
Ayer, ante el presidente Juan Manuel Santos, tomó posesión Juan Carlos Esguerra como nuevo Ministro de la Justicia y del Derecho. Esta adición al gabinete marca el último tramo del proceso de resurgimiento de una cartera que juristas y organizaciones académicas venían demandando.
La entidad renace en medio de un momento complicado. Como interlocutor entre la Casa de Nariño y las altas cortes, Esguerra llega con la responsabilidad de liderar el trámite de la reforma de la justicia. Pocos días después de radicado, el polémico proyecto de acto legislativo ha generado no solo abierto rechazo entre los magistrados, sino la presentación de propuestas alternativas del Consejo de Estado y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
En los hombros del experimentado funcionario recaerá la búsqueda del difícil equilibrio entre los consensos parlamentarios para el avance de la iniciativa y el mantenimiento de la frágil tregua entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Además, la interlocución se extiende más allá de los debates de diseño constitucional para entrar en las espinosas áreas del presupuesto de la rama y la autonomía que se deriva de este.
En el escritorio del nuevo despacho reposan desde ya otros asuntos de urgencia similar al del controversial 'revolcón' sectorial. Se trata, en primer lugar, de la necesidad de mejorar la justicia como un derecho básico y un servicio público. Una gama variada de indicadores de gestión muestra que la administración judicial sufre serios problemas de equidad por la lentitud de los procesos y el acceso a estos. De acuerdo con datos del Consejo Superior de la Judicatura correspondientes al 2010, la congestión se acerca al 50 por ciento.
El Ministerio de Justicia regresa precisamente para enfrentar estos retos gerenciales. Uno de los puntos críticos de la apuesta del Gobierno está en una nueva estructura administrativa de la rama que contemple la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.
Como si lo anterior no bastara, Esguerra heredará de su colega del Interior los vacíos de la política criminal y penitenciaria vigente. En especial, en medio de los próximos debates sobre la cadena perpetua, la reciente tendencia al endurecimiento de penas por vía legislativa y el creciente lío del hacinamiento carcelario. Asimismo, con una nueva batería de proyectos de reforma de los códigos y demás marcos jurídicos que hoy cursan en el Congreso.
Completan la 'herencia' entidades capturadas por la corrupción y en vías de liquidación, como la Dirección Nacional de Estupefacientes, o en medio de escándalos frecuentes, como el Inpec. Al mismo tiempo, la más reciente reforma incluyó el montaje de la Agencia de Defensa Jurídica para preparar al Estado en multimillonarios pleitos ante los tribunales.
Por último, el flamante ministro encabezará la discusión sobre los impostergables cambios que la ley de justicia y paz está requiriendo tras seis años de aplicación. En tal caso, no solo se trata de resolver los 'huecos' y redefinir las dosis de verdad y reparación, sino también de aprender las lecciones para los futuros esfuerzos de la justicia transicional.
En momentos en que el aparato estatal colombiano se apresta a activar la titánica tarea de restitución de las tierras despojadas, el protagonismo de esta cartera es vital. Con desafíos que exigirán desde un hábil manejo parlamentario hasta un profundo conocimiento jurídico, y desde una visión panorámica del sector hasta una eficiencia de gerente, el ministro Esguerra arranca una gestión clave para el segundo año del presidente Santos.
EL ESPECTADOR
CONGRESO ANUNCIA GARANTÍAS A GOBIERNO Y CORTES EN REFORMA A LA JUSTICIA
El presidente de la corporación, Juan Manuel Corzo, dijo que en la discusión del proyecto “no estará el interés de una coalición de Gobierno”.
El Congreso de la República anunció que dará plenas garantías a todas las ramas del poder, en desarrollo de la discusión de la reforma a la justicia.
El presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, dijo que “este cuerpo legislativo dará garantías absolutas” tanto a las Cortes como al Gobierno Nacional.
Tras conocer que el Consejo de Estado radicó su propia reforma a la justicia, Corzo anunció que “acá no es el interés de una coalición de Gobierno sino se está hablando de la teoría y del Estado de Derecho”.
“Nosotros entendemos que una cosa es las políticas de Estado que requieren ser revisadas y otras son las políticas de Gobierno”, indicó el senador.
Según él, en el Congreso “debe imperar la absoluta garantía para los poderes públicos con el fin de que esta reforma a la justicia salga adelante”.
“La idea es que el verdadero beneficiario, que debe ser el pueblo de Colombia, tenga una pronta y eficaz justicia”, recalcó.
Sin embargo, Corzo no descartó hacer un llamado al interior del mismo Congreso para que este debate sea abierto, que la academia participe, que se permita intervenir a los juristas y que en general puedan acceder a los debates quienes saben de la justicia en Colombia.
“En lo que respecta a esto habrá la garantía para que el proceso sea debatido ampliamente y con todas sus garantías”, agregó.
"NUESTRA REFORMA A LA JUSTICIA NO ES ENFRENTAMIENTO CON EL GOBIERNO": CONSEJO DE ESTADO
Tras radicar el proyecto de ese tribunal, el magistrado Mauricio Fajardo descartó la búsqueda de una veeduría internacional en desarrollo de la discusión de la iniciativa.
El Consejo de Estado descartó cualquier enfrentamiento con el Gobierno Nacional en medio de la presentación de su propio proyecto de reforma a la justicia.
Pese a que hay varias diferencias entre los actos legislativos que radicaron la rama ejecutiva y la rama judicial, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Mauricio Fajardo, dijo que “no se trata de ninguna clase de enfrentamiento, ni de discusión, ni de ruptura”.
“Simplemente se trata del ejercicio de la facultad constitucional que tiene el Consejo de Estado y que ha de contribuir al enriquecimiento de la discusión en el Congreso de la reforma”, aseguró.
En ese sentido, Fajardo de momento descartó que se vaya a pedir una veeduría internacional para la aprobación y discusión de la iniciativa, como inicialmente se había planteado.
“En ese comunicado simplemente se señaló que se estudiaría la viabilidad y sobre ello no hay ninguna clase de decisión, y definitivamente, nosotros como lo hemos hecho en todo momento, reafirmamos nuestra fe en las instituciones democráticas colombianas y nuestra absoluta confianza en el Congreso”, enfatizó.
Para el Consejo de Estado no hay ninguna duda que “este es el escenario (el Congreso) donde debe adelantarse el debate de estas propuestas”.
“Esto significa que el Congreso y el país en general tendrán la posibilidad de mirar opciones y alternativas, y hacer un examen más amplio de la diversidad de propuestas”, añadió.
¿Revanchismo judicial?
El presidente del Consejo de Estado descartó que el Congreso vaya a entrar en posibles “revanchismo” en contra de la rama judicial, a la hora de aprobar la reforma a la justicia.
“Nos asiste la firme convicción de que la altura con que el Congreso lleva sus debates y sabrá hacerlo en esta oportunidad está por encima de cualquier consideración”, recalcó.
“Confiamos plenamente en los altos y nobles intereses que sabrán orientar los debates y las decisiones que se adopten el Congreso”, agregó.
PIDEN EXPLICACIONES A JUDICATURA POR CREACIÓN DE VARIOS CARGOS EN EL TRIBUNAL
El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, dirigió una comunicación a la Sala Administrativa en la que le expresa esta necesidad.
El presidente de la Corte, Juan Carlos Henao, le pidió a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que le aclare algunos detalles de la manera como se crearon varios cargos en el marco del Plan Nacional de Descongestión a la Justicia.
En una nota dirigida al presidente de esa sala, Jose Escobar Araújo, la Corte insistió en la necesidad de conocer las razones que llevaron a la creación de estos nuevos puestos de trabajo.
El magistrado Henao está interesado en conocer los argumentos que tuvo la Sala Administrativa para disponer de nuevos magistrados auxiliares, entre otros funcionarios judiciales, para contribuir a la descongestión de procesos en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
En la carta el alto jurista manifiesta que una determinación de esta naturaleza, por afectar el trámite de trascendentales procesos para la Justicia, debe contar con argumentos suficientemente justificables.
SANTO ALABADO...
Por: Francisco Gutiérrez Sanín
Hay un duro dicho colombiano—creo que de origen tolimense— que reza "Santo alabado, santo acabado".
Pues bien: creo haber sido víctima reciente del implacable refrán. Con motivo del primer año de la presidencia de Santos, saqué una evaluación en la que, junto con críticas, destacaba varios elementos positivos de la gestión gubernamental. Ese mismo día, salieron los detalles de la iniciativa de reforma a la justicia. Y tengo que decir que la encuentro peligrosa e inoportuna. Y que no me gustan tampoco los argumentos que en su defensa ha propuesto el Santos alabado.
Algunos de los elementos de la reforma me atraen; por ejemplo, acabar con el Consejo Superior de la Judicatura. Pero eso no alcanza a compensar las cajas de Pandora que se abren. Tres me parecen particularmente amenazantes. Primero, el tema de las tutelas contra sentencias judiciales. La tutela ha sido una de las armas de democratización y acceso a la justicia por excelencia en las últimas dos décadas, y con las tradiciones de arbitrariedad, secretismo y discrecionalidad (a veces simplemente de violencia contra los ciudadanos) que rezuman nuestras entidades estatales, no es bueno cambiar la figura sin pensarlo mucho. Segundo, la nominación de funcionarios encargados de organismos de control (procurador y contralor). ¿Por qué darle nuevas atribuciones al Ejecutivo a costa de las cortes? Si la experiencia reciente ha de servir de ejemplo, habría que ir exactamente en la dirección contraria. Tercero, cambiar el método de juzgamiento de los congresistas. Desde hace ya lustros vengo, un poco en contravía, criticando la demagogia antiparlamentaria. Sí, hay en casi todos los partidos políticos valiosos, y el Congreso es la institución democrática por excelencia. Pero, por desgracia y por razones estructurales, desde hace lustros ha abrigado inevitablemente lo que podría llamarse una bancada criminal. La reivindicación por excelencia de los políticos sub iúdice ha sido neutralizar la acción de la justicia. He hecho un seguimiento cuidadoso de esto, y podría documentarlo en detalle; en todo caso, hay tres o cuatro episodios muy recientes. No casualmente, al tuntún del entusiasmo reformador la fatal Comisión de Acusaciones presentó su propio proyecto.
Es en este contexto en el que la defensa de la reforma por parte del presidente de la República me resulta poco digerible. Sí, sí, en abstracto el Congreso es el nicho en el que deben darse estos debates. Pero estamos en Colombia. Tenemos narco y guerra. Decenas y decenas de congresistas vinculados con matones han ido a la cárcel, y para impedir que este acto de justicia elemental tuviese lugar han querido legislar a su favor. También ha habido intentonas de vendetta contra el poder judicial. Esto no quiere decir que todos, o la mayoría, de los miembros del Parlamento tengan que asumir esa mancha. Pero sí significa que un Gobierno con mayorías aplastantes, que ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus banderas claves, debería abstenerse de mandar una propuesta con todos los incentivos equivocados, y que amenaza con abrirle las puertas a una de las reivindicaciones históricas de las peores tendencias que anidan en la política colombiana. Para defender tal propuesta no basta con repetir amables generalidades sobre el papel del Congreso en la democracia.
No. Esto no quiere decir que Santos sea igualitico a Uribe, como se empeñan en repetir, con el fervor de la inconsciencia, ciertas voces que han querido llevar a la izquierda colombiana (con algún éxito) de la franja crítica a la lunática. El sencillo y conmovedor evento en el que el Estado pidió excusas por la muerte de Manuel Cepeda, con excelentes discursos tanto de Vargas como de Iván, el hijo del asesinado, subraya la enorme distancia que hay entre ambos gobernantes. Una de las grandes tragedias de la izquierda en el siglo XX fue su incapacidad de distinguir entre las tendencias y matices en los campos del centro y la derecha. Y, como lo prescribiría un cierto pensador alemán muy del gusto de los involucrados, el libreto se repite ahora en nuestro contexto, pero un poco en forma de comedia.
EL NUEVO SIGLO
PROPONEN REINGENIERÍA A JUDICATURA Y DOBLE INSTANCIA PARA AFORADOS
“En la reforma a la justicia nada está escrito en piedra”: Santos.
Realizarle una reingeniería al Consejo Superior de la Judicatura, mas no eliminarlo, y establecer la doble instancia para los procesos de pérdida de investidura contra congresistas, son algunos de los aspectos que contempla el proyecto de reforma a la justicia que radicaron ayer las Cortes en el Congreso, que consta de 21 artículos.
La iniciativa presenta diferencias acentuadas de la radicada por el Gobierno la semana pasada. Por ejemplo, en el tema de las funciones nominadoras de las Cortes, el proyecto gubernamental propone quitarles a las altas Cortes la facultad de intervenir en la elección del Procurador y Contralor, mientras que la iniciativa elaborada por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia contempla mantener dichas competencias.
En el tema de la Judicatura, el Gobierno plantea su eliminación, y en su lugar propone la creación del Consejo Superior Judicial, integrado por los presidentes de las altas Cortes y seis delegados con perfiles gerenciales y administrativos. Por su parte, las Cortes quieren mantenerlo, con la salvedad de que su Sala de Gobierno estará igualmente conformada por los presidentes de los altos Tribunales. Su Sala Administrativa no estará integrada por magistrados, sino por seis funcionarios de libre nombramiento y remoción, tres de ellos serán abogados y los otros tres expertos en temas administrativos y contables, y no tendrían periodo fijo.
En cuanto a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se propone mantenerla pero cambiando el origen político de sus magistrados, quienes ahora serán elegidos por el sistema de cooptación, que actualmente impera en las altas Cortes, y no por el Congreso.
En el tema de la doble instancia, la propuesta presentada por las Cortes incluye que la Sección Quinta del Consejo de Estado sea la primera instancia en los procesos de pérdida de investidura contra congresistas, mientras que la Sala Plena de dicha corporación sea la segunda.
Uno de los temas novedosos en el proyecto radicado ayer, es la defensa de los consumidores, que propugna por darles facultades a los jueces de la República para conocer las quejas de los consumidores de bienes y servicios, cuando no se cumplen los estándares de calidad.
A pesar de las notables diferencias, hay algunas coincidencias entre ambos proyectos. Por ejemplo, contemplan que para ser magistrado se debe tener una experiencia de 20 años en la academia o el litigio, aunque el propuesto por las Cortes fija una edad mínima de 50 años para ser magistrado y no tener ninguna sanción disciplinaria.
Tanto Gobierno como Cortes también coinciden en aumentar el presupuesto para la Rama Judicial, pero el proyecto que fue radicado por el Consejo de Estado contempla específicamente que se destine cinco por ciento del Presupuesto Nacional para ello.
El presidente Juan Manuel Santos afirmó ayer que sobre el proyecto de reforma a la justicia “no hay nada escrito en piedra”, al tiempo que dio la bienvenida a la propuesta del Consejo de Estado.
“El Gobierno no es un Gobierno inflexible ni terco y nada de lo que estamos presentando está escrito en piedra. Nosotros nos rendimos ante la contundencia de los argumentos, y si hay propuestas mejores, bienvenidas, bienvenidas”, declaró.
Afirmó que el fin de tramitar una reforma de este tipo en el Congreso es lograr una mejor y más pronta justicia, por lo que reiteró que lo procedente es, entre Gobierno y Justicia, ilustrar al Legislativo, quien tiene la última palabra.
Santos explicó que la reforma a la justicia no tiene por qué –como algunos han querido insinuar– generar algún tipo de diferencia entre las Cortes y el Gobierno: “Esto es un procedimiento totalmente normal y democrático”, anotó.
CORTES DESBORDADAS
LIONEL MORENO GUERRERO
“Una Constituyente para evitar la dictadura de jueces”
Para nadie ha sido sorpresa que las altas cortes atacaran la propuesta de reforma a la justicia planteada por el Gobierno. Era necesario que cualquier proposición tenía que recortar las prerrogativas de orden político que hoy tienen los magistrados, al menos las más notorias. Así fue, efectivamente. La iniciativa del gobierno niega a las cortes la autoridad para nombrar Procurador y Contralor (debería también haberle quitado el poder de escoger al Fiscal de cuya penosa última designación todos nos acordamos), inhabilita a los magistrados para ser elegidos popularmente durante cinco años y elimina el Consejo Superior de la Judicatura, negándoles a unos magistrados el poder de investigar y sancionar a los abogados. Además, suprime la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia para investigar a los congresistas, para radicarla en la Fiscalía, e impone la doble instancia, principio básico de una sana administración de justicia, cuando se juzga a los altos funcionarios del Estado. Atribuciones todas estas que sumergen a los magistrados en la politiquería pura. Para tratar de acabar aquello de que la vida útil de un abogado litigantes es de dos procesos ordinarios, se da, provisionalmente, facultades a algunos abogados y a notarios para fallar ciertos procesos.
Claro que todo esto no podía gustar a los altos jueces, que deberían, más bien, consagrarse a su función esencial de administrar justicia. Salieron enseguida, sin hacer una propuesta, a clamar que se “afecta seriamente la existencia del régimen democrático en Colombia”, se viola la independencia de los jueces y amenazaron buscar una veeduría internacional. El presidente del Consejo de Estado señaló que la autonomía y división de poderes es fundamental para la existencia de la democracia, en lo que estamos de acuerdo. Lo que olvida el magistrado es que son las cortes las que atentan contra el equilibrio entre los poderes públicos al politizarse y al invadir la esfera de los otros, por ejemplo, arrogarse sus facultades. Para las altas cortes, la ley no es la que ha aprobado el Congreso sino la que ellos quieren que sea. ¿Como es eso de que si el Congreso no se pronuncia sobre el “matrimonio” de los homosexuales antes de julio del 2013, estos se podrán “casar” ante un notario; o determinar inexequibilidades que entran a regir meses después de decretarse; otras que se hacen efectivas meses antes de dictarse la sentencia de inconstitucionalidad; fallos cuyo texto se publica solo meses después de anunciados ante la prensa; dar carácter obligatorio general a sus fallos; etc.?
Las leyes las hacen los representantes del pueblo, el Congreso, y no los jueces. Alfonso López Michelsen lo dijo: “La Corte ha asumido funciones legislativas, o, como dicen los profanos: ‘La Corte ha desbancado al Congreso’”. La propuesta gubernamental se queda corta y se necesitará de una Constituyente para evitar en Colombia la dictadura de los jueces.
REVISTA SEMANA
CORTE CONSTITUCIONAL CONSIDERA "EXTRAÑA" LA CREACIÓN DE NUEVOS CARGOS EN LA JUDICATURA
A través de una carta, la Corte Constitucional le pidió al magistrado Jose Alfredo Escobar que dé a conocer las motivaciones para crear 33 cargos nuevos en el Consejo Superior de la Judicatura.
La Corte Constitucional se mostró extrañada de la emisión de un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que creó nuevos cargos en ese tribunal.
A través de una carta enviada al magistrado José Alfredo Escobar Araújo, el alto tribunal pidió que se hicieran púbicos los criterios con los cuales se crearon esos nuevos cargos. “Puesto que las decisiones sobre la administración de justicia tienen impacto sobre el conjunto de la rama judicial, es necesario que sean conocidos los criterios que justificaron la adopción de decisiones de tal naturaleza”, suscribieron los magistrados que integran el Alto Tribunal.
La Corte Constitucional se refirió al acuerdo No. PSAA 11-8294 del 30 de junio pasado, con el cual se crearon 33 nuevos cargos con el propósito de “descongestión de la Sala Jurisdiccional”.
Esos cargos son 13 para magistrados auxiliares, 13 de profesionales grado 21, uno de profesional especializado grado 33, dos de auxiliar judicial grado 1, dos de escribientes nominados y dos de citadores grado 5.
La preocupación de la Corte Constitucional no es menor, pues en un momento en que se discute la Reforma a la Justicia, la creación de cargos que corre por cuenta del Consejo Superior de la Judicatura sin mediar un concurso genera suspicacias.
En entrevista con Semana.com, un magistrado de un alto tribunal, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que era “muy extraña la creación de nuevos cargos. "¿Será que están buscando satisfacer la demanda de puestos políticos para que el Congreso apruebe la reforma?”, se preguntó.
La creación de nuevos cargos en la rama judicial ha sido motivo de controversia en los últimos meses, debido a investigaciones de prensa.
En dos años y medio, magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura contrató como magistrados auxiliares a cerca de 90 personas (sin contar los magistrados auxiliares que están hoy activos), y gracias a esa ‘palomita’ por lo menos la mitad de ellos, según pudo corroborar la revista SEMANA en una publicación de febrero de este año, se podrán jubilar con pensiones multimillonarias, que le pueden costar al Estado, en total, 140.000 millones de pesos.
NO HAY NINGUNA RUPTURA CON EL GOBIERNO": CONSEJO DE ESTADO
Al radicar su propia reforma a la Justicia, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, dijo que confía en que el Congreso dé un debate con altura, por eso, de momento, no pedirá "veeduría internacional".
Mauricio Fajardo y los demás magistrados que integran el Consejo de Estado radicaron su propia reforma a la Justicia. Se trata de un proyecto de 21 artículos que tiene varios cambios frente a la propuesta presentada por el Gobierno una semana atrás.
Entre esas diferencia, el presidente del Consejo de Estado reclamó mayor autonomía presupuestal y la dotación de recursos necesarios, técnicos y humanos, para cumplir con el propósito de la descongestión judicial, el fácil acceso de los ciudadanos a la administración de justicia y la eficacia y prontitud de los fallos.
Así mismo, el proyecto del Consejo de Estado no elimina el Consejo Superior de la Judicatura, pero sí hace ajustes a esta corporación en su función de gerencia de la rama judicial.
El presidente del Consejo de Estado explicó que el hecho de radicar su propia iniciativa no significa que haya un choque de trenes con el Gobierno. “No se trata ninguna clase de enfrentamiento, ni de ninguna ruptura. Es el ejercicio de una facultad constitucional y de contribuir al enriquecimiento de la discusión”.
Fajardo también explicó que radicar la propuesta del Consejo de Estado para fortalecer la administración de justicia es un “acto de fe en el Congreso”, por eso descartó -como se insinuó en un comunicado de las altas cortes la semana pasada- la exigencia de veeduría internacional para acompañar el debate de la reforma a la justicia.
“Reafirmamos nuestra fe en las instituciones democráticas, nuestra confianza en el Congreso. Este es el escenario donde se debe adelantar el estudio de estas propuestas”, afirmó Fajardo al radicar el proyecto.
El presidente del Consejo de Estado dice que esa corporación sí tiene las facultades constitucionales para radicar iniciativas en el Congreso, y esta es independiente de las propuestas de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. “Ellos no tenían iniciativas”, explicó.
Por eso, el proyecto no se ocupará de la doble instancia para procesos penales de funcionarios aforados. Para Fajardo, con la propuesta del Gobierno es suficiente.
Sin embargo, en los procesos de pérdida de investidura a congresistas, que se tramitan en el Consejo de Estado, este proyecto sí establece la doble instancia.
El proyecto del Consejo de Estado tiene cuatro ejes: fortalecimiento de la autonomía presupuestal de la rama judicial, estructura del gobierno de la rama (sin eliminar el Consejo Superior de la Judicatura), seguridad jurídica (tutelas contra sentencias de las altas cortes) y justicia electoral.
Congreso dará garantías
Juan Manuel Corzo, presidente del Congreso, se comprometió a que el debate de la reforma a la justicia tendrá “todas las garantías” para las altas cortes, porque consideró que este debate “es sobre políticas de Estado y no políticas del gobierno de turno”.
El proyecto del Consejo de Estado podrá ser acumulado con el del Gobierno, para que se discutan de forma simultánea. La decisión será del presidente de la comisión primera del Senado, el liberal Luis Fernando Velasco, quien la próxima semana definirá ponentes de estas iniciativas.
“Bienvenidas las propuestas”: Vargas Lleras
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, le dio la bienvenida al proyecto del Consejo de Estado. “Eso va a ayudar a enriquecer el debate. Conozco ya varias propuestas y, a partir de este mes, en la Comisión Primera arranca un debate que tiene que ser nacional y público, para que entre todos encontremos las soluciones que terminen este problema de la mora, de la congestión y del acceso a la Justicia”, dijo.
El alto funcionario recordó que la Justicia necesita una reforma de fondo y para ello “creemos que hay que acudir a medidas extraordinarias, no podemos seguir con más de lo mismo. El Consejo de Estado considera que tan solo con jueces de descongestión es posible avanzar. Nosotros creemos que para administrar la rama se debe eliminar el Consejo Superior de la Judicatura”.
CONGRESO PODRÍA ORDENAR DETENCIÓN DE PRESIDENTE, FISCAL GENERAL Y MAGISTRADOS
Así lo plantea el proyecto de reforma a la justicia que presentará la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes definió los alcances del proyecto de reforma a la justicia que presentará al Congreso y que busca modificar las investigaciones y los juicios a los altos dignatarios del Estado.
Uno de los puntos más controvertidos es el de la posibilidad de proferir medidas de aseguramiento a todos los funcionarios aforados que son investigados por la Comisión de Acusaciones.
Quiere decir que el presidente de la República, el fiscal general y los magistrados de las altas cortes podrían ser detenidos por orden de la Comisión de Acusaciones si han incurrido en un flagrante delito.
Germán Blanco (P. Conservador), presidente de la Comisión, admitió que la propuesta será “muy polémica”, pero el propósito es igualar los procedimientos de juzgamiento entre todos los funcionarios aforados del Estado.
Blanco recordó que en los procesos penales contra congresistas, la Corte Suprema de Justicia ordena la detención incluso antes de la investigación y el juicio. La Comisión de Acusaciones pide la misma facultad que, en caso de “flagrante delito”, se pueda ordenar la detención de los funcionarios que investiga bajo su competencia.
La Comisión de Acusaciones, como lo reveló Semana.com, también propone investigar penal y disciplinariamente al vicepresidente, el procurador, al defensor del pueblo y al contralor general.
El proyecto, que será radicado la próxima semana, también establece la doble instancia para el juzgamiento de altos dignatarios del Estado. La propuesta señala que la Comisión de Acusaciones investigará al funcionario. El juicio lo hará la plenaria de la Cámara de Representantes y la segunda instancia corresponderá a la plenaria del Senado.
CONSULTA POPULAR SOBRE MATRIMONIO GAY ES “ANTIDEMOCRÁTICA”: P. LIBERAL
Así calificó el representante a la Cámara, Guillermo Rivera, la propuesta del Partido Conservador la consulta popular para que los colombianos se pronuncien sui aceptan o no el matrimonio gay y el aborto
La consulta popular con la que el Partido Conservador pretende someter la opinión de la sociedad sobre el matrimonio gay y el aborto fue rechazada por un sector del Partido Liberal.
Guillermo Rivera, representante a la Cámara, quien es autor de un proyecto de ley que busca legalizar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, consideró que esa consulta que el Partido Conservador pretende adelantar el próximo 30 de octubre es “antidemocrática”.
Según Rivera, sería “dejar en manos de las mayorías los derechos de las minorías”. La preocupación es que, de darse esa consulta, haya personas que le ‘metan la mano’ a esa elección. “la consulta es una fórmula que están disfrazando de democrática”.
El representante a la Cámara por el Partido Liberal también se pregunta “¿por qué al Partido Conservador le incomodará tanto reconocer la diferencia?”.
El Partido Conservador, en su junta de parlamentarios del 10 de agosto, decidió pedirle al Consejo Nacional Electoral que lo autorice para consultar al pueblo colombiano si acepta que la familia esté entregada por personas del mismo sexo y si se debe proteger el derecho a la vida desde su fecundación, incluso en los tres casos específicos en los que la Corte Constitucional autorizó el aborto.
CMI
EL CONSEJO DE ESTADO PROPONE QUE LAS TUTELAS CONTRA LAS SENTENCIAS DE ALTAS CORTES NO SEAN REVISADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
El Consejo de Estado radicó su propio proyecto de reforma a la justicia ante el Congreso, luego de manifestar que no estaba de acuerdo con la propuesta presentada por el Gobierno.
El proyecto plantea cuatro grandes reformas que tienen como finalidad hacer más ágil la Justicia.
Tutela
La propuesta despoja a la Corte Constitucional de la facultad que actualmente tiene de revisar tutelas contra sentencias judiciales de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Según el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, esas tutelas serían decididas por la Sala Plena de cada corporación, y no pueden ser objeto de revisión.
“Hasta el momento el Consejo de Estado no aceptaba tutela contra sentencia, ahora se contempla esa posibilidad pero reglamentando en qué casos proceden estas tutelas. En el caso de las altas Cortes, las tutelas serán conocidas por la Sala Plena de cada corporación”, indicó el magistrado.
Presupuesto
El proyecto propone que la Rama Judicial participe en el presupuesto nacional con un monto no inferior al cinco por ciento, lo cual incluye todas las partidas a gastos e inversiones, sin incluir el presupuesto de la Fiscalía.
La idea de tener un presupuesto fijo es hacer frente a los problemas de congestión y adoptar las medidas necesarias para tener una justicia más eficaz.
Consejo Superior de la Judicatura
Se propone mantener este Tribunal pero con algunos cambios. En primer lugar se crearía una Sala de Gobierno integrada por los presidentes de las Cortes, el fiscal y un representante de la Rama Judicial, que tendría como función fijar las políticas de gobierno de la Rama.
También se propone mantener las Salas Administrativa y Disciplinaria, pero se cambiaría la forma de elección de sus miembros.
En el caso de la Sala Administrativa estaría compuesta por seis miembros, tres abogados y tres expertos en finanzas o economía. Estos funcionarios serían de libre nombramiento y remoción de las Cortes que tienen la posibilidad de nominarlos y además no estarían sujetos a un periodo especifico.
La Sala Disciplinaria, por otra parte, estaría integrada por siete miembros pero no elegidos por el Congreso, sino designados por las altas Cortes.
También se especifica que esta Sala no tendría funciones jurisdiccionales sino administrativas, es decir que un abogado que sea sancionado puede acudir a la Justicia Contenciosa Administrativa para apelar la decisión.
Consejo Nacional Electoral
Con el fin de garantizar a los ciudadanos una mayor independencia de los funcionarios, se propone que los integrantes del Consejo sean elegidos a través de la Escuela Superior de Administración Pública, la cual recibiría las postulaciones de los aspirantes.
Los presidentes de las altas Cortes elaborarían una lista de elegibles de esos inscritos, y el Congreso sería el que debería elegir a los miembros del Consejo finalmente.
El proyecto también incluye suprimir algunas funciones que actualmente tiene este organismo, como la de revisar los escrutinios para que esa función pase directamente al Consejo de Estado.
Además no podrá revocar la inscripción de un candidato hasta que no exista una sentencia judicial ejecutoriada que condene o sancione al aspirante.
Según el magistrado Mauricio Fajardo, con este proyecto se pretende que la justicia deje de ser la “Cenicienta” del Estado.
“Ya es hora de que la Rama Judicial deje de ser la Cenicienta y que el presupuesto que se le asigne deje de ser como un regalo del Estado”, indicó el Fajardo.
CARACOL RADIO
NOMBRAMIENTO DE 13 MAGISTRADOS EN LA JUDICATURA SE HABRÍA HECHO DE MANERA IRREGULAR
Crece la polémica por el nombramiento de trece magistrados en el Consejo Superior de la Judicatura, en momentos en que se debate la reforma a la justicia.
El acuerdo mediante el cual fueron nombrados los trece magistrados auxiliares se habría llevado a cabo de manera irregular en la medida, en que estos nombramientos deben ser hecho por cada magistrado titular y no en bloque por el presidente de la Sala Administrativa, como fue este caso.
Dos magistrado como María Mercedes López y Jorge Armando Otálora no habrían sido consultados del acuerdo al que, según pudimos establecer, se habría llegado después de una reunión digital o telefónica.